Por Arturo Molina
Morelia, Mich., a 25 de septiembre del 2024.- La criminalización del aborto persiste en el estado de Michoacán, donde más de 50 mujeres han enfrentado cargos penales por interrumpir su embarazo en los últimos dos años.
La Asociación Civil «Humanas sin Violencia» y la Red Interestatal por el Aborto Seguro han denunciado la persecución sistemática de los sistemas de salud y las fiscalías contra las mujeres, a pesar de las resoluciones favorables de la Suprema Corte de Justicia en los últimos años.
Circe López Riofrío, activista y defensora de los derechos de las mujeres, informó que en 2022 se abrieron carpetas de investigación contra 22 mujeres, mientras que en 2023 otras 21 mujeres enfrentaron la misma situación.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2024, se han abierto 9 carpetas de investigación por aborto en Michoacán.
Ambas organizaciones han denunciado públicamente a los servidores del sistema de salud por incumplir la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, que establece los criterios para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual. «Han convertido la norma en un proceso burocrático para evitar practicar abortos a las mujeres que han sido violadas», señalaron en su comunicado.
La NOM 046 establece que, en casos de embarazo por violación, las mujeres tienen derecho a acceder a un aborto legal sin necesidad de presentar una denuncia penal. No obstante, a pesar de su obligatoriedad, las organizaciones siguen encontrando resistencia por parte de médicos y enfermeras, cuyos criterios personales a menudo prevalecen sobre la necesidad de la paciente.
